Cámara de Diputados despachó proyecto que promueve mejoras en las remuneraciones y empleo de recolectores de basura

Con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, la Cámara de Diputados aprobó, por 81 votos a favor y uno en contra, el proyecto de ley que establece mejoras en las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que prestan servicios de aseo y ornato a los 244 municipios que tienen externalizadas dichas funciones.

La iniciativa incorpora una norma a la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, estableciendo una regla especial que será aplicable a los procesos licitatorios municipales de servicio de recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios y mantención de áreas verdes.

Dicha disposición obligará a los municipios a considerar, en las pautas de evaluación, a lo menos en un 15% de la ponderación total, el criterio referido a las mejores condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores.

Sobre el particular, el subsecretario Cifuentes dijo que “los trabajadores que prestan servicio a estas empresas, realizan una labor imprescindible para el país, que se traduce en una mejor calidad de vida para toda la población. Sin embargo, pese a la importancia de sus funciones, estas las realizan en deficientes condiciones de empleo y salariales”.

Cabe destacar que tras la aprobación del proyecto por parte de la Cámara de Diputados, la iniciativa debe pasar ahora al Senado para su segundo trámite constitucional.

Contenido del proyecto:
• Establece que en las licitaciones municipales que tengan por objeto el servicio de recolección, transporte y/o disposición final de residuos sólidos domiciliarios y aquellas referidas a áreas verdes, se evalúe en un 15% del valor total de la licitación, aquel criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones de los trabajadores.
• Esa ponderación se divide en un 70 por ciento el factor referido a las remuneraciones que superen los mínimos legales y en 30 por ciento al factor referido a las mejores condiciones del empleo.
• Dispone expresamente que dicha ponderación se refiere solo al personal operativo de dichos servicios.
• Incorpora como requisito de admisibilidad de la oferta, un programa de gestión de riesgos presente en el trabajo.