Gobierno presenta proyecto de ley para fortalecer el Ministerio Público y la investigación criminal

Con el objetivo de fortalecer al Ministerio Público en su capacidad para abordar la investigación y enfrentar de manera más efectiva la persecución penal, la Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, presentó el proyecto de ley que permitirá aumentar la dotación de funcionarios y fiscales del ente persecutor.

El proyecto de ley refuerza las herramientas y recursos de la Fiscalía Nacional con el fin de llevar a cabo una investigación y persecución penal eficaz, prestar la debida atención a víctimas y testigos de delitos, avanzar en una mayor cobertura y atención, poniendo especial énfasis en aspectos como la distribución regional y el volumen de causas del Ministerio Público, procurando a su vez fortalecer los estándares de calidad en la gestión.

En la presentación del proyecto de ley, estuvo presente el Ministro de Hacienda, Mario Marcel; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; y el Fiscal Nacional Ángel Valencia y la Subsecretaria de Desarrollo Regional Francisca Perales. En la instancia además participaron los fiscales regionales, representantes de la Asociación Nacional de Fiscales y la mesa técnica de trabajo.

Carolina Tohá, Vicepresidenta de la República destacó que: "Este proyecto se inserta en un esfuerzo amplio del gobierno para dar respuesta a los desafíos de la criminalidad, pero ante todo para dar respuesta a los ciudadanos y ciudadanas que quieren tranquilidad y seguridad en sus barrios. La legislación que crea el Ministerio de Seguridad, la que fortalece el rol preventivo de los municipios, el proyecto de atención a las víctimas”

“En definitiva, este conjunto de instituciones más fortalecidas, nos va a dejar con una arquitectura de seguridad del Estado modernizada, más sofisticada y a la altura de los desafíos que tenemos para combatir el delito. Y este proyecto es una muestra de la importancia de trabajar colaborativamente entre la Fiscalía, los Ministerios de Interior, Justicia y Hacienda y hoy vuelve al Parlamento donde esperamos su pronta aprobación.", puntualizó la Vicepresidenta.

Por su parte el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, relevó que "El proyecto considera, por un lado, un incremento de la dotación del Ministerio Público destinado a fortalecer las fiscalías regionales. En órdenes de magnitud, aproximadamente, este proyecto de ley implica pasar a tener una cifra de 5 fiscales por cada 100.000 habitantes, un aumento bien significativo y es coherente con lo que sucede en sistemas a los cuales deseamos aproximarnos”.

“Por otro lado, se mejorará las capacidades operativas de las fiscalías regionales con el propósito de dotar no solo de mejor gestión en la persecución criminal, sino que también para proporcionar mejores soluciones a las víctimas".

Por su parte el ministro de Hacienda, Mario Marcel recordó que este proyecto es fruto del trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público. “La seguridad es un tema importante para el gobierno. Por esta razón, hemos estado trabajando en este proyecto que aumenta la dotación del Ministerio Público, con los incentivos remuneracionales y asignaciones profesionales para perfeccionar la carrera funcionaria. Este es un compromiso que adquirimos con el Congreso en la discusión del Presupuesto anterior, y lo estamos cumpliendo”, sostuvo.

“Además, explicó que el costo de esta iniciativa será de $8.619 millones el primer año para llegar a los $43.672 millones en régimen lo que está dentro del incremento del gasto en seguridad y administración de justicia anunciado por el Presidente Boric hace unos meses”

La propuesta legislativa proviene de un profundo estudio y análisis realizado por una mesa técnica de trabajo compuesta por el Ministerio Público, la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta colaboración interinstitucional se diseñó con el propósito de generar un diagnóstico de la situación institucional actual del Ministerio Público para diseñar y proponer estrategias legislativas que logren fortalecer la estructura del ente persecutor, respondiendo a los desafíos de una criminalidad compleja que se encuentra en constante evolución.