Comisión Mixta aprueba artículos referidos al Plan Regional de Ordenamiento Territorial
Un importante avance registró la tramitación del proyecto de ley sobre Fortalecimiento de la Regionalización que se encuentra en Comisión Mixta, luego que los legisladores aprobaran con determinadas modificaciones los artículos relativos al Plan Regional de Ordenamiento Territorial.
Tras un largo debate, que también contó con la participación del subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, los parlamentarios acordaron una serie de cambios que permitieron aprobar una de los contenidos más relevantes de esta iniciativa, que forma parte de la Agenda de Descentralización que está impulsando el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Según señaló el presidente de la Comisión Mixta, Rabindranath Quinteros, la elaboración del PROT será una atribución del Gobierno regional, mediante el cual se podrá establecer, con carácter vinculante, por ejemplo, las condiciones de localización de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamiento, así como también la instalación de infraestructura de otros sectores productivos.
Además, el senador informó que la votación en particular de este proyecto, continuará el lunes 4 de septiembre próximo, a partir de las 16:00 horas, en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago.
Cabe destacar que entre las materias que debe resolver los parlamentarios se encuentran aquellas propuestas presentadas por el Ejecutivo para resolver las diferencias entre ambas cámaras del poder legislativo.
Entre ellas se encuentran las siguientes:
• Perfecciona la Unidad de Control de los gobiernos regionales a fin de asegurar su transparencia e independencia.
• Intendente asigna recursos proyecto a proyecto y Consejo Regional aprueba conforme a ítem o marco presupuestario, salvo en el caso de aquellas iniciativas que superen un monto determinado, en cuyo caso, la asignación de fondos será potestad del Consejo Regional.
• Se otorga a los gobiernos regionales, a través de sus tres nuevas divisiones, facultades de ejecución para aplicar sus programas propios, así como las competencias que se le transfieran.
• Se establecen criterios objetivos para la transferencia de competencias.
• Se crea un Comité de Ministros para la transferencia de competencias.
• Se crea una Comisión de Transferencia de Competencias con integración regional y de nivel central equilibrada.
• Esta Comisión de Transferencia de Competencias debe consensuar un informe.
• No existe una negativa absoluta a transferir competencias, sino que se fijan observaciones a subsanar por parte de la región para lograr el objetivo de la transferencia, existiendo “acompañamiento” para ello.
• La Comisión puede solicitar informes a terceros.
• Desaparecen modalidades de transferencia de competencias. Se traspasarán competencias de decisión o de ejecución, lo que implica la disponibilidad de recursos y personal, según la necesidad de la competencia a transferir.
• Se contempla como artículo transitorio una primera etapa, donde se transferirán de oficio competencias desde el Ejecutivo, las que serán ejercidas por las divisiones (con capacidad de ejecución), con el objetivo de ir generando las capacidades necesarias. Luego de esta primera etapa, se podrán crear por ley servicios públicos regionales, según las necesidades y particularidades de cada territorio, conforme la evaluación de la Comisión de Transferencia de Competencias, la que será convocada anualmente.
Asimismo, se añadieron nuevas competencias y atribuciones legales que asigna el proyecto a los gobiernos regionales:
• Plan Regional de Ordenamiento Territorial vinculante y no orientador.
• Facultad de los gobiernos regionales de decidir localización de la disposición de residuos sólidos domiciliarios, en caso que los municipios no se pongan de acuerdo.
• Facultad de identificar zonas rezagadas.
• Fijar la Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo.
• Convenir con los ministerios, servicios públicos, municipalidades y otros gobiernos regionales, programas anuales y plurianuales de inversiones, los que serán obligatorios.
• Nueva regulación de las áreas metropolitanas, estableciendo procedimiento para su creación y nuevas facultades en materias de residuos, movilidad y transporte público, y medio ambiente.