Día de Las Regiones

El empuje descentralizador ha elevado la condición institucional y política de las regiones a un nivel sin precedentes, desde los primeros pasos que significaron la creación de los Gobiernos Regionales hace 25 años hasta la reciente reforma constitucional que ha consagrado la elección democrática del jefe del ejecutivo regional.

El desafío de la descentralización en Chile nace con la propia República. De entre las diversas visiones que se enfrentaron en la construcción de un país independiente, terminó por imponerse un punto de vista que definió la capital como el lugar donde todo se decide.

Más de dos siglos debieron pasar para que terminara por abrirse las puertas para una visión distinta: los territorios tienen identidades específicas que exigen un rol protagónico de sus habitantes en las decisiones que les afecten. No se trata sólo del espacio local, donde las instituciones municipales han jugado un rol crucial desde hace más de cien años, aun cuando su fortalecimiento es una tarea permanente; se trata de la necesidad de las regiones de incrementar su capacidad de gobierno en el marco de un país unitario.

Chile ha logrado instaurar un régimen político y administrativo de sólida raigambre democrática a nivel nacional y local. Ha visto fortalecer las capacidades administrativas y financieras de ambas instancias en la medida en que el país ha ido aumentando sus posibilidades y el desarrollo de las instituciones lo ha requerido.

Pero aquello que ha sido posible en el vértice superior y en la base de nuestra organización administrativa ha tenido un rezago histórico en el nivel intermedio, el de las regiones.

Hace veinticinco años, se dieron pasos que, aunque de manera incipiente, permitieron incrementar las competencias y atribuciones de la Instancia Regional. Así, se crearon los Consejos Regionales como responsables de la aprobación de asignaciones financieras y de otras materias. En esa misma dirección se orientaron los permanentes aumentos de recursos destinados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el fortalecimiento orgánico del Gobierno Regional y, finalmente, la elección directa de los consejeros regionales a partir del año 2014.

Estos avances, junto al movimiento de la sociedad civil regional, la convicción de los actores políticos y una mayor conciencia del país en su conjunto han permitido crear los consensos necesarios para reparar ese retraso, que a estas alturas del siglo XXI no parece justificarse.

En lo relevante, hemos logrado la aprobación de una reforma constitucional que establece la elección directa del órgano ejecutivo regional, el que pasará a llamarse Gobernador Regional y que sustituirá la figura del actual Intendente Regional. Este cambio, junto a la elección directa del Consejo Regional, nos habla de las instituciones políticas del Gobierno Regional generado íntegramente por la vía democrática.

Es un avance de gran significación. Con esta reforma las regiones se ponen pantalones largos y toman en su manos la decisión de quién conducirá las instituciones del Gobierno Regional.

Es cierto que es necesario continuar la marcha hasta contar con la legislación específica que permita realizar la elección; pero el primer paso, el más importante, ya está dado con esta reforma constitucional.

Del mismo modo, es necesario profundizar el camino del traspaso de competencias a los gobiernos regionales, de manera que incrementen su operatividad administrativa, junto con tomar las definiciones legislativas necesarias para contar con un marco jurídico de las finanzas regionales.

Ya no hay marcha atrás. Todos los avances, que significan en definitiva más poder para las regiones, han contado con amplio acuerdo. De lo que se trata ahora es de culminar este proceso de reformas descentralizadoras que permitan regiones política, financiera y administrativamente paradas sobre sus propios pies.