Senado y Gobierno acuerdan enviar a Comisión Mixta reforma constitucional sobre elección de intendentes

Con la finalidad de resolver las diferencias surgidas respecto a algunas disposiciones modificadas por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo y senadores de diversas bancadas decidieron enviar a Comisión Mixta el proyecto de reforma constitucional que consagra la elección democrática de los intendentes.

Sobre el particular, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, dijo que “lo importante es que podamos tener una buena ley que responda adecuadamente a las necesidad de avanzar en descentralización que tiene el país y a las legítimas aspiraciones que tiene las regiones de Chile. En este sentido, me parece que la Comisión Mixta es una buena oportunidad para perfeccionar el proyecto y por eso acordamos con los senadores dar este paso”.

La autoridad señaló que dada la importancia de esta iniciativa, que va a permitir dar continuidad al proceso de descentralización, nos interesa que esta pueda aglutinar el mayor consenso posible.

“Eso es lo que ha posibilitado –agregó- la convergencia que se ha ido generando en torno a la reforma. Si se revisan las votaciones registradas durante la tramitación del proyecto, tanto en las respectivas salas como en las comisiones que lo han estudiado en detalle, en cada una de ellas ha habido un progresivo aumento en el apoyo a la iniciativa, que no se ha limitado solo a parlamentarios de la Nueva Mayoría, sino que también ha alcanzado a diputados y senadores independientes, de Amplitud o Chile Vamos”, afirmó.

Cabe destacar que la Comisión Mixta deberá dirimir acerca de los cuestionamientos hechos por los senadores sobre la denominación que tendrán los representantes del gobierno en las regiones y la forma en que se zanjarán las elecciones cuando exista un empate entre las dos primeras mayorías, en el caso que ambos superen el 40 por ciento de los sufragios, umbral fijado para ser electo un candidato.

Asimismo, también hay diferencias en relación al quórum que deberán tener los consejeros regionales para ejercer sus atribuciones fiscalizadoras; la posibilidad de que los gobernadores regionales puedan ser acusados constitucionalmente y el fuero con el que podrían contar el representante del Presidente de la República en cada región.